Estado de Chile espera tener herramientas para controlar la nueva concesión del aeropuerto de Santiago

Por Ricardo J. Delpiano

Foto: Alejandro Ruiz

Luego de que el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC Chile) firmaran un mandato para re licitar el aeropuerto, el Gobierno se esfuerza por acelerar el proceso antes de que termine su gestión el próximo 11 de marzo. Las diferencias entre ambos fue el último hecho que retrasó la tan ansiada modernización del principal aeropuerto del país e impidió que el propio Gobierno pudiese cumplir las metas que se propuso en este ámbito.

Según reveló El Mercurio (11/02/2014), el MOP podría enviar esta semana las bases de licitación a la Contraloría de la República, con el fin de poder hacer el llamado a licitación y adjudicar el proyecto, etapas que ocurrirán ya bajo la nueva administración de Michelle Bachelet. De acuerdo a lo señalado por el matutino, la adjudicación podría llegar recién en agosto o incluso septiembre de este año, aunque no debiesen atrasar el cronograma de obras. Según el cronograma propuesto por el ministerio, los trabajos de la denominada Fase II que corresponde a la construcción del nuevo edificio terminal comenzarían en octubre de 2015 y estará terminado recién en 2020.

Para esta nueva licitación, el MOP planificó una concesión a plazo fijo y de mayor extensión en el tiempo (20 años), que incluye por primera vez que el cobro de tasas pase a manos de la empresa que administre el aeropuerto y no a cargo de la DGAC como ocurre hasta el día de hoy. El objetivo es dejar a la autoridad aérea las tareas de normar y fiscalizar la actividad, mientras que civiles (sea Estado o privados) se dediquen a administrar o gestionar los recursos y la infraestructura.

El modelo similar al aplicado en otras partes del mundo que busca separar responsabilidades entre las distintas entidades que intervienen en el sistema aeronáutico. Sin embargo al mismo tiempo genera algo de desconfianza por parte de la industria de la aviación, debido a experiencias negativas ocurridas en años anteriores en varios países, donde largos periodos de licitación, renegociaciones y la falta de herramientas (y voluntad) de los Gobiernos para controlar las licitaciones, se tradujeron en un desarrollo asimétrico de la infraestructura aeroportuaria frente a las necesidades del transporte aéreo.

Con el fin de mantener el alto estándar del país en la aviación mundial, Chile busca aplicar ese modelo pero dotando al Estado de un mayor poder y con herramientas que permitan fiscalizar la gestión, solicitar mejoras o bien hacerse cargo de la administración en caso de incumplimiento.

De acuerdo a lo expresado por la ministra de Obras Públicas, Loreto Silva, al El Mercurio, las nuevas bases establecerían que en la concesión a plazo fijo por 20 años, la empresa que se adjudique la administración del terminal tendrá la obligación en los 15 primeros años de ir actualizando el “plan maestro” de obras cada cuatro años, con el fin de determinar si es necesario realizar o no nuevas inversiones. En el caso de que se necesiten realizar más obras, el Estado determinará el financiamiento de esas posibles nuevas inversiones. Adicionalmente dentro del periodo de los 15 primeros años, el Estado tendrá la posibilidad de ejercer la opción compra de la concesión en el caso de incumplimiento o si lo estima conveniente para mantener la calidad del servicio.

De esta forma se evitaría situaciones como las ocurridas en el pasado y en la actualidad, donde el crecimiento del tráfico ha sobrepasado la capacidad de la infraestructura. En 2013, pasaron por el aeropuerto de Santiago 15.312.649 de pasajeros en vuelos domésticos e internacionales, seis millones más que la capacidad que soporta el actual terminal de pasajeros y apenas 687 mil personas menos, de lo que debe atender la Fase I actualmente en ejecución y que debe ser entregada a mediados del presente año. La falta de capacidad también se manifiesta en plataforma en los bancos de horas de mayor demanda, en los que por ejemplo, es fácil ver embarcar vuelos de pasajeros en el terminal de carga.