Chile vive una histórica paralización de la actividad aeronáutica, la primera desde 1970

Por Ricardo J. Delpiano

Foto: Ricardo J. Delpiano

Como estaba anunciado, a las 00:00 horas de hoy 15 de septiembre, los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC Chile) iniciaron un paro de actividades por un periodo inicial de 24 horas. Una movilización advertida por los propios funcionarios ante el incumplimiento de parte del Estado de Chile hacia sus demandas y los compromisos adoptados en una mesa de diálogo en 2014.

Más de 200 despegues y un número similar de aterrizajes han sido cancelados. Sólo los vuelos de emergencia, ambulancia aérea, vuelos de seguridad (Fuerzas Armadas y de Orden), así como aeronaves en vuelo con destino final alguna ciudad del país o que sobrevuele el territorio nacional, cuentan con los respectivos servicios aéreos, mientras que dotaciones reducidas en dependencias claves buscan garantizar la seguridad de las operaciones que se realicen. La totalidad de aeródromos y aeropuertos de Chile se encuentran afectados por la acción. 

En los días previos a la movilización, la DGAC ha señalado que adoptará todos los procedimientos que la situación permita con objeto de mantener el día del paro todos los servicios aeronáuticos, en un marco de seguridad para las operaciones aéreas que se realicen en todo el país.

Como consecuencia de la acción de fuerza y por la incertidumbre en los días previos a la movilización, las líneas aéreas que operan en Chile se han visto en la obligación de cancelar o reprogramar sus vuelos. Para atender a los viajeros afectados, cada compañía aérea ha brindado todas las facilidades a los usuarios para que puedan cambiar sus pasajes, modificar los viajes o cancelarlos, disponiendo además un completo plan de información a través de sus canales correspondientes y medios asociados (sitios web, redes sociales, contactos telefónicos, contact centers, etc.) entregando datos actualizados sobre la situación de vuelos.

La paralización es la primera que Chile enfrenta desde 1970, año en el que 180 de los 548 funcionarios de la DGAC, incluyendo a todos sus controladores aéreos iniciaron una paralización indefinida de sus actividades por motivos relacionados a temas salariales y su situación como funcionarios civiles dentro de la Institución, entre otros. Prácticamente, mismos argumentos presentes en el actual conflicto y cuyas consecuencias van más allá de la propia industria aérea.

La movilización de 1970 ha sido el único precedente que Chile tiene en materia de medidas de fuerza y que han terminado con una detención de la actividad aérea. Hasta la fecha, el país se había mantenido ajeno a conflictos de este tipo y en los últimos años, sólo había sido espectador de cómo situaciones similares se daban fuera de sus fronteras.

El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Defensa, y como los funcionarios movilizados mantienen las puertas abiertas al diálogo para dar solución al conflicto y desde ambas partes reiteran su disposición a conversar, aunque sin acciones concretas. 

Más allá de la disposición de cada una de las partes, el hecho de que Chile haya llegado a una paralización casi total de su actividad aérea (aunque sea por unas horas) demuestra la incapacidad de acción de las autoridades del propio Estado para atender y dar solución a un conflicto anunciado dentro de sus filas arrastrado por décadas. El paro aeronáutica no es un movimiento político-contingente como otros que han sucedido en Chile en los últimos meses, pero si se inserta dentro de un creciente y adverso clima político interno, marcado por un deterioro de las instituciones y polarización.

Si la paralización de 1970 tuvo consecuencias significativas para Chile, la movilización de hoy lo tiene aún más por la cantidad de gente que utiliza el avión como medio de transporte y por el rol que la aviación tiene en el normal funcionamiento de la cadena productiva, la conectividad, el turismo y el desarrollo nacional.

Estimaciones iniciales establecen que al menos más de 70 mil pasajeros serían afectados durante la jornada, cifra que puede aumentar dependiendo de la extensión del conflicto y de la capacidad del propio sistema aeronáutico para reacomodar a los pasajeros afectados en una semana de alta demanda.