Presidente Piñera vuelve impulsar plan de modernización de aeropuertos y adelanta la última baja de la tasa de embarque

Por Ricardo J. Delpiano

Foto: Ricardo J. Delpiano

En una acción directa entendida como respuesta a la coyuntura política y económica actual del país, el Presidente Sebastián Piñera presenta un plan de modernización de la red aeroportuaria que incluye a 17 terminales aéreos. Si bien en términos generales el anuncio repite planes anteriormente informados y obras que, por calendario están o deben entrar en ejecución a través del sistema de concesiones, también incluye mejoras de aeródromos actualmente en administración pública.

El Plan Red de Aeropuertos –como es publicitado, forma parte del programa “Chile en Marcha” con el cual el Gobierno intenta reactivar la economía a través de distintas carteras, como las obras públicas, por ejemplo, como fuente generadora de inversiones y empleo a corto-mediado plazo. En ese contexto, también se incluye el adelanto de la tercera baja de la tasa de embarque en un reconocimiento al rol de la aviación como catalizador del desarrollo económico y social de los país.

El plan de trabajo que informa el Mandatario considera a 16 aeropuertos y aeródromos en regiones (Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, Viña del Mar – Concón, Concepción, Temuco, Pucón, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Castro, Balmaceda y Punta Arenas), además de Santiago. Lo anterior, supone inversiones iniciales por aproximadamente US$1.442 millones.

De los aeropuertos y aeródromos mencionados, terminales como Arica, Iquique, Concepción, Puerto Montt y Santiago, ya se encuentran con trabajos por calendario de concesiones o planes ya adjudicados. Otros como Calama o Punta Arenas, ya están en el calendario de obras de expansión a través del sistema de concesiones para los próximos años. Sin embargo, la principal novedad es la inclusión de los aeródromos de Pucón, Valdivia, Osorno, Castro y Balmaceda, actualmente administrados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), más uno administrado por la Armada (Viña del Mar – Concón) que pasan al sistema de concesiones. No está claro si estos, por la cantidad de tráfico (demanda), se licitarían en grupos o por separado de manera de generar interés.

El Gobierno indica que el plan busca incrementar la capacidad de 214.000 metros cuadrados (m2) a 537.000 m2 en terminales de pasajeros. Si bien se asegura que es una respuesta para atender la demanda de los próximos 20 años, en realidad constituye una medida para disminuir la brecha existente y en la respuesta del Estado frente al crecimiento asimétrico que desde años existe entre tráfico aéreo y desarrollo de infraestructura aeroportuaria. El caso más evidente es Santiago que, con un anteproyecto presentado hace 10 años, estará listo en 2020 con la necesidad de activar un “gatillador de inversiones” para incrementar la capacidad hasta los 45 millones de pasajeros por año.

El Mandatario asegura que, mediante la ejecución de este plan, 15 terminales aéreos tendrán capacidad para atender vuelos internacionales en comparación con los seis aeropuertos de la actualidad (Arica, Iquique, Antofagasta, Hanga Roa, Santiago y Punta Arenas). Cabe recordar que la normativa chilena establece diferencias entre aeródromo y aeropuerto, dado que estos últimos deben incluir además de los enlaces aéreos, los servicios de Migraciones (Policía Internacional a cargo de la Policía de Investigaciones), Aduana, y Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Por consiguiente, cualquier aeródromo ya puede ser aeropuerto habilitando sólo los servicios mencionados tal como ocurre con algunos terminales cuando existen operaciones aéreas especiales o vuelos de temporada (La Serena, por ejemplo).

Si bien el anuncio presidencial insiste en la conectividad internacional de las ciudades de regiones, no aborda como esta se va a desarrollar considerando la realidad demográfica y económica del país con escasez de polos de desarrollo en regiones y una baja demanda. Basta recordar la corta duración de rutas internacionales en Temuco, la estacionalidad en Punta Arenas (con la Patagonia argentina) y los fracasos de conectividad internacional en Balmaceda (con rutas que no lograron ni siquiera empezar) y La Serena (con la baja demanda en vuelos con Argentina, pese a la acción estimuladora de una compañía aérea). En ese sentido, queda pendiente un mayor trabajo colaborativo intersectorial, considerando el desafío que presenta la dependencia del mercado chileno.

Otro punto que preocupa a la industria aérea guarda todo lo relacionado con el mejoramiento de los procesos al interior de los terminales aéreos y la eliminación o reducción de los llamados "cuellos de botella", punto que todavía está pendiente de solución pese a los últimos esfuerzos encaminados. Para las líneas aéreas, la mejor calidad de servicio debe estar acompañada de un desarrollo de infraestructura y de procesos más eficientes, lo que implica mayor responsabilidad de los organismos públicos que son los que proveen estos servicios. 

Actualmente, la acción de las líneas aéreas son las únicas que impulsan el transporte aéreo y la conectividad del país mediante la generación de nuevos modelos de negocios que han favorecido a la democratización de los viajes aéreos y la expansión de nuevas rutas con vuelos punto a punto (tráfico interregional) y servicios aéreos alimentados desde hubs. En lo que respecta a tráfico internacional hacia regiones como los vuelos colocados hacia Antofagasta y próximamente, Calama, además de un posible vuelo al extranjero desde Concepción, está gestionado por compañías aéreas que utilizan el modelo hub (LATAM en este caso). Acciones desde el marketing aeroportuario es, a la fecha, un solo complemento tal como ocurre únicamente en Santiago a través de la Alianza Público-Privada de la Industria Aérea (APPIA).

Por el momento, el Gobierno intenta estimular el tráfico aéreo con un adelanto de la última rebaja de las tasas de embarque en un 10% siguiendo la política iniciada en agosto 2018. La reducción de las tasas de embarque representa un positivo punto de inflexión en la historia aeronáutica chilena que valora el aporte de la aviación al desarrollo económico y social del país. Es la acción concreta más importante ejecutada desde el ámbito político en los últimos años a favor del transporte aéreo.

La baja del impuesto en los derechos de embarque comienza a ejecutarse en octubre 2018 con una reducción de 20% en vuelos domésticos y de US$4 en vuelos internacionales. Para este año, se adelanta a julio la reducción del 10% en el pago del derecho embarque nacional y de US$1 en vuelos internacionales, y para septiembre, el restante 10% doméstico y US$1 internacional. De esta manera, la tasa de embarque nacional se habrá reducido en un 40% (30% real por efectos de la inflación), mientras que la tasa internacional bajará en US$6. “Esto es parte del programa para poder hacer de Chile un país más moderno”, puntualiza Piñera.